La salud de las mujeres indígenas en México, entre la exclusión y el exterminio.

Los gobiernos mexicanos de los últimos decenios han reiterado continuamente su respeto y promoción de los derechos humanos. México es uno de los países firmantes de múltiples tratados internacionales que en el marco de la Agenda 2030 encaminan sus esfuerzos en la construcción de un mundo más justo y equitativo, o al menos así lo expresan en sus discursos. Sin embargo, existen grupos vulnerables en nuestro país en los que no se han percibido las modificaciones propias de las metas que México se ha propuesto en el marco internacional. Algunas de esas poblaciones marginadas continúan siendo las integradas por los pueblos indígenas. 

Pareciera que, si bien el Estado mexicano tiene una perspectiva internacionalista de derechos humanos, ésta se encuentra materializada únicamente en el papel en donde está escrita o yace enfocada sólo a ciertos sectores poblacionales. La forma de gobernar en México es racista, define las vidas que merecen ser vividas y en ese marco utiliza los servicios de salud como dispositivos biopolíticos que le sirven para configurar dinámicas de exclusión y extinción de los pueblos indígenas. Pueblos a los que se mantiene relegados con el pretexto de respetar su autonomía, usos y costumbres; como si la pobreza y marginalidad fueran parte inherente de su etnicidad. 

Las políticas y el sistema de salud mexicano han conformado un conjunto de mecanismos dirigidos a los cuerpos individuales y a las poblaciones, en donde se normalizan las prácticas de violencia de género (como la violencia obstétrica) y de discriminación étnica, que vulneran a las poblaciones violentando su derecho a la protección de la salud y el derecho a la vida de las mujeres indígenas. Con ello se ha contribuido a entrelazar las exclusiones de género, etnia y clase, provocando que a las mujeres indígenas se les deje morir durante el embarazo, el parto y el puerperio[1]. Esto también impacta en las parteras indígenas, quienes son descalificadas por parte de la medicina hegemónica y cuya función social de cuidado de la parturienta y del recién nacido ha sido relegada. 

Para profundizar más en los mecanismos que existen por parte del Estado mexicano, es importante primeramente señalar aquellos casos de denuncias por parte de mujeres indígenas en donde demandan justicia tras ser agredidas y vulneradas en sus derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, en el año 2000 se destacó el llamado de treinta y dos mujeres de Ayutla de los Libres, municipio del estado de Guerrero, quienes a través de la Organización Independiente de los Pueblos Mixtecos y Tlapanecos denunciaron a las autoridades de salud y al gobierno del estado por recibir amenazas para aceptar la imposición de programas sanitarios enfocados en la utilización de métodos anticonceptivos[2]. En el año 2013, el “Estudio nacional sobre las fuentes, orígenes y factores que producen la violencia contra las mujeres” de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) reportó que el 27% de las mujeres que acudieron a los centros de salud por cuestiones médicas fueron esterilizadas sin su consentimiento[3]. Estas prácticas han sido repetidas sistemáticamente, pues casos como los antes mencionados se han presentado en otros estados de la República como Veracruz, Hidalgo, Chiapas, Michoacán y Oaxaca.  

En un intento por parte de las estructuras sanitarias de fomentar y promover la utilización de métodos anticonceptivos en nuestro país, se han presentado múltiples casos de vulneración de los derechos humanos, sobre todo de las mujeres indígenas. En los servicios de salud se intenta que la mayoría de las mujeres que acuden a solicitar atención, egresen de las instalaciones con algún método de planificación familiar postparto. Y aunque esto pudiera parecer un acto adecuado para el ejercicio de la salud pública, la realidad en nuestro país dista mucho de las buenas intenciones. Esto es porque no existen verdaderos mecanismos de educación sexual y reproductiva. En los servicios de salud se cree que con solo mencionarle los diferentes métodos anticonceptivos disponibles a las mujeres que acaban de parir, es suficiente para que ellas seleccionen alguno. Es por eso que me pregunto: ¿cómo podría una mujer, que nunca ha tenido educación sexual, tomar una decisión adecuada respecto a la importancia de utilizar un método de planificación familiar? Si a esto le sumamos el hecho de que en la mayoría de los servicios médicos no se cuenta con los traductores necesarios, entonces ¿cómo podría una mujer indígena, no hablante de español o con un español limitado, comprender la utilidad de los anticonceptivos que se le están ofertando?

Al revisar los determinantes que impactan en la salud de las mujeres indígenas mexicanas podemos ver cómo existe una brecha importante en las condiciones de vida que perpetúan su vulnerabilidad. Rezagos en el acceso al agua potable entubada, a servicios de drenaje o infraestructura médica, son condicionantes al momento de limitar su derecho a la salud. Estos elementos son los causantes de las altas tasas de mortalidad materna e infantil. Si a esto le agregamos la desnutrición crónica y anemia relacionada a una alimentación deficiente, vemos cómo la pobreza se convierte en un factor que quebranta la salud de la población indígena, convirtiéndola en un grupo poblacional donde incluso las enfermedades infecciosas son potencialmente mortales. Esta situación ha permanecido y se le han sumado problemáticas como el desabasto de medicamentos, la ausencia de atención médica y de estructuras sanitarias suficientes en las cercanías de las poblaciones indígenas. 

En la Encuesta Nacional sobre Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas (ENSADEMI), realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública, se puede ilustrar claramente la situación que muchas mujeres indígenas tienen que pasar al momento de planificar y elegir sobre su maternidad. De acuerdo a los resultados de dicha encuesta, alrededor del 28% de las mujeres encuestadas entre los 26 y 35 años de edad refirieron estar esterilizadas. En las regiones mazahua-otomí y maya, más del 7% refirió que la decisión de ser sometidas a una esterilización permanente fue realizada por el médico que las atendió. El 6% de las encuestadas en las regiones Chinanteca y Zongolica refirieron que la decisión de ligarlas fue de su médico y el 20% que fue de su pareja. En la región de la Costa y Sierra Sur de Oaxaca es donde más mujeres (el 26%) respondieron que el marido había tomado la decisión[4].

Esto nos muestra cómo la toma de decisiones de las mujeres indígenas no siempre depende de lo que ellas consideran, sino que son otros los que tienen el control y poder de elección. En un país machista como en el que vivimos, desafortunadamente no es sorprendente que las parejas de estas mujeres sean quienes decidan sobre sus cuerpos, pero resulta altamente alarmante que los profesionales de la salud se tomen también este tipo de atribuciones. Las mujeres indígenas son sometidas y relegadas en sus derechos sexuales y reproductivos, por sus parejas, por sus familias, por la sociedad y por aquellos galenos que desde su perspectiva privilegiada y paternalista creen que les hacen un “favor” al esterilizarlas. 

Pero esta tendencia de los profesionales de la salud es un reflejo de lo que todo un sistema político cree que es necesario para “controlar” la reproducción de las comunidades indígenas. Y para muestra basta un botón. Recordemos las declaraciones de la entonces Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles en el 2014, cuando frente a la comunidad indígena Los Encinos, en la Sierra de Puebla, declaró que el programa Oportunidades “ya no beneficiaría a las [mujere]) que tengan muchos hijos, sino que va a apoyar a las [mujeres] que tengan pocos hijos”[5]. La funcionaria en cuestión demostró con sus declaraciones que no comprendía verdaderamente las dinámicas familiares que hay en torno a las mujeres indígenas y las condicionantes sociales asociadas a su reproducción. Y que carecía por completo de conciencia social respecto a las vivencias de los pueblos indígenas. 

Ha sido muy sencillo para las autoridades y para los profesionales de la salud juzgar la toma de decisiones de las mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas por el hecho de parir a múltiples hijos. Cuántas veces no hemos escuchado frases como: “los pobres no deberían tener hijos”, “las mujeres indígenas son ignorantes e irresponsables al procrear más hijos si viven en la pobreza” o “sólo traen al mundo niños que no pueden mantener”. Sin embargo, estas sentencias son reduccionistas y carecen de un análisis social necesario para comprender la toma de decisiones de las mujeres de acuerdo a su contexto. Porque al final de cuentas, el ver la maternidad desde los ojos de la urbanidad y occidentalización, sólo nos hace creer que tenemos cierto tipo de superioridad moral para decidir la planificación de nuestras familias; cuando la realidad es que tenemos privilegios que los pueblos indígenas nunca han tenido (acceso a educación, viviendas dignas con servicios públicos básicos, acceso a los servicios de salud y un trabajo con salarios suficientes para la manutención familiar). Y esos privilegios nos dan un tipo de ceguera con tintes de supuesta superioridad que pretendemos utilizar para elegir por otros lo que nosotros creemos que sería mejor, sin tomar en consideración el contexto de vida de las mujeres que tienen que tomar decisiones de acuerdo a lo que en su comunidad indígena se acostumbra y se acepta. 

Si continuamos con esa lógica paternalista en la toma de decisiones sobre los cuerpos de las mujeres indígenas estamos coartando su libertad, sus derechos y la autonomía sobre sus cuerpos. Las estamos violentando. Además, estamos discriminando a mujeres que ya son discriminadas por su condición socioeconómica y por su pertenencia étnica. Mujeres que ya viven en la marginación y que, al parecer, para nuestras autoridades no solo tienen que aguantar la pobreza si no que además se debe de cuestionar su maternidad. ¿En verdad no tienen derecho a ser madres por ser pobres? De perpetuar este tipo de comportamientos nosotros, como profesionales de la salud, estamos contribuyendo a su rezago y al racismo de Estado. Peor aún, también contribuimos a la desaparición de sus culturas. Somos parte del andamiaje que parece encaminar sus esfuerzos en el genocidio de los pueblos indígenas. 

Las razones por las que las mujeres indígenas deciden embarazarse o no, son tan variadas como las razones de cualquier otro grupo poblacional. Y sus motivos no tendrían por qué ser elementos para que la sociedad las juzgue o quiera decidir por ellas. Cuando los profesionales de la salud las obligan, amenazan o eligen por ellas, están vulnerando sus derechos humanos. No se ha entendido que nuestro trabajo como personal sanitario consiste en explicar las posibles alternativas y permitir que sean ellas las que, en completo ejercicio de su libertad, decidan lo que es más conveniente para su cuerpo, para su familia y para su entorno. El uso de anticonceptivos y la elección de cirugías permanentes para impedir embarazos son elementos que cada mujer debería de tener derecho a decidir. Sabemos que hay mucha misoginia en el país, comportamientos sociales a los que no se escapan los pueblos indígenas; sin embargo, ni el gobierno, ni los funcionarios de instituciones de salud son entidades que deban suprimir la libertad y los derechos de otros. 

Ahora bien, con respecto a la mortalidad materna en nuestro país, resulta que el ser mujer y pertenecer a una comunidad indígena incrementan los riesgos perinatales en comparación con los riesgos que pueden tener otras mujeres en zonas no pertenecientes a los pueblos indígenas. Esto se debe principalmente a las barreras en el acceso a los servicios de salud. Hay comunidades indígenas que se encuentran completamente desprotegidas por parte del Estado, quien no ha podido garantizar la presencia de estructuras sanitarias adecuadas con personal sanitario suficiente para que estas comunidades puedan recibir atención médica adecuada y oportuna. Por ello tenemos a mujeres que no alcanzan a llegar a los hospitales durante el trabajo de parto y terminan pariendo en el camino. Además, tenemos muchos ejemplos de mujeres que, a pesar de solicitar la atención en los hospitales, terminan pariendo fuera de ellos porque no las atendieron en tiempo cuando hicieron su solicitud. Esto nos muestra la ineficiencia por parte de las estructuras sanitarias para atender a la población que les solicita sus servicios, pero también la discriminación y falta de empatía hacia estas mujeres por cuestiones relacionadas a su condición indígena. 

Entonces, como lo hemos visto, el Estado vulnera, maltrata y discrimina a las mujeres indígenas: imponiéndoles programas sanitarios para la utilización de métodos anticonceptivos; forzándolas a permitir procedimientos permanentes en sus cuerpos para no embarazarse; limitando su acceso a los servicios de salud durante el embarazo, el parto y el puerperio; ignorando los determinantes sociales de los pueblos indígenas que incrementan la mortalidad materna e infantil; y por supuesto, permitiendo que estas mujeres se encuentren inmersas en la marginación, en la pobreza y en la violencia. 

Los gobiernos mexicanos muestran su peor cara con los pueblos indígenas, pero son las mujeres las que sufren una triple discriminación: por ser mujer, por ser indígena y por ser pobre. Con esto vemos cómo incluso entre los y las vulnerables, hay personas con mayor vulnerabilidad. Lo que parece no entender el Estado mexicano es que el daño que ocasiona a las mujeres indígenas no se limita a los cuerpos sometidos, a los pueblos rezagados. Cuando el Estado pretende limitar los nacimientos de niños en estas comunidades lanza un poderoso mensaje: la no aceptación de las minorías, de los diferentes, de la pluriculturalidad. El Estado se consolida como una entidad machista, racista y clasista; genocida. Aunque los representantes del gobierno de México vayan por el mundo haciendo alarde de su compromiso con los derechos humanos, las y  los mexicanos conocemos y vivimos la realidad. Y peor aún: la sufrimos.

[1]Edgar Bautista y Olivia López. “Muerte materna en mujeres indígenas en México y racismo de Estado. Dispositivos biopolíticos en salud.” Revista Salud Problema, Segunda época, Año 11, Núm. 21. Enero-junio 2017. https://omm.org.mx/wp-content/uploads/2020/04/Muerte-materna-en-mujeres-ind%C3%ADgenas-de-M%C3%A9xico-y-racismo-de-Estado.-Dispositivos-biopol%C3%ADticos-en-salud_compressed-1.pdf 

[2] Silvia Magally. “Esterilización forzada: el gobierno admite el exterminio.” Cimanoticias, México, 2002. http://www.cimacnoticias.com.mx/node/37587

[3]  Redacción. “El 27% de mujeres indígenas esterilizadas sin su consentimiento: Conavim.” Proceso, México, 14 de febrero de 2013. https://www.proceso.com.mx/nacional/2013/2/14/el-27-de-mujeres-indigenas-esterilizadas-sin-su-consentimiento-conavim-114438.html

[4] Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional sobre Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas (ENSADEMI). México: Instituto Nacional de Salud Pública; 2008. Disponible en: http://www.insp.mx/images/stories/Produccion/pdf/100722_cp7.pdf

[5] Rosario Robles Berlanga. “Declaración Oportunidades ya no va a beneficiar a las que tengan muchos hijos, sino que va a apoyar a las que tengan pocos hijos.” Grupo Fórmula, México, 2014.  http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=409152&idFC=2014